La acción penal y el principio de oportunidad en México

Abstract

As far as our memory goes, we have always heard of the crisis of justice and, consequently, a series of measures to overcome it. To the general assertion that justice is slow and expensive, desires and realities are opposed to tend to make it more effective and accessible; Thus violating the constitutional guarantee of prompt, expeditious and free justice. To this end, a series of actions are concretized and proposed, the effectiveness of which has been almost nil, since there is still talk of the crisis of justice, which can be summarized in three: 1. Organic reforms, so that there are more jurisdictional bodies with better territorial reparation, with objective and functional competencies more rationally established, and therefore more judges and prosecutors, no doubt wanting also to be better prepared. 2. Procedural reforms, eliminating useless processes, simplifying those that are left in force, facilitating procedures, shortening deadlines and eliminating unnecessary formalisms. 3. Concrete reforms of key procedural institutions that, preferably accompanying the former and generally applying procedural principles enshrined in the fundamental norms, which contribute to the highest principle of prompt and expeditious justice, which in some countries has constitutional recognition, as it is The principle of criminal opportunity, which consists of dispensing with the Public Prosecutor's Office, from criminal prosecution in crimes of little injury, taking into account the victim or offended of it

Hasta donde alcanza nuestra memoria, siempre hemos oído hablar de crisis de la justicia y, consiguientemente de una serie de medidas para lograr superarla. A la afirmación general de ser la justicia lenta y cara, se contraponen deseos y realidades tendientes a hacerla más eficaz y accesible; violando así la garantía constitucional de una justicia pronta, expedita y gratuita. Para ello se concretan y proponen una serie de acciones, cuya eficacia por otra parte ha sido casi nula, puesto que se sigue hablando de crisis de la justicia, que se pueden resumir en tres: 1. Reformas orgánicas, de manera que existan más órganos jurisdiccionales con mejor reparo territorial, con competencias objetivas y funcionales más racionalmente establecidas, y por ende de más jueces y más fiscales queriéndose sin duda también que estén mejor preparados. 2. Reformas procedimentales, eliminando procesos inútiles, simplificando los que se dejan en vigor, facilitando trámites, acortando plazos y suprimiendo formalismos innecesarios. 3. Reformas concretas de instituciones clave del procedimiento que, preferiblemente acompañando a las anteriores y generalmente aplicando principios procesales consagrados en las normas fundamentales, que contribuyan al principio máximo de una justicia pronta y expedita, que tiene en algunos países reconocimiento constitucional, como lo es el principio de oportunidad penal, el cual consiste en prescindir por parte del Ministerio Público, de la acusación penal en delitos de poca lesividad, tomando en cuenta a la víctima u ofendido de éste.