El derecho humano a la estabilidad en el empleo de los trabajadores en las dependencias públicas centralizadas del poder ejecutivo en Michoacán

Abstract

The human right of job stability has been considered over the years as a luxury to which not all workers have access. Especially, employees considered by law as “trusted workers” at the service of public institutions, who despite carrying out similar activities like any other worker, have an unknown and unstable future, being subject to a regime that makes no sense and goes against what is established within our Constitution, impeding them from protecting themselves from job instability against an entity that acts as employer and authority at the same time, who can remove them at any time, generating a lack of job stability. This is why it is necessary to seek alternative methods of protection so that this right can be guaranteed and materialized in favor of trusted workers in the centralized public offices of the executive power in the State of Michoacán, such as the Constitutional Trials considered as the way by excellence to protect such right, as a mechanism of constitutional control.

El derecho humano de la estabilidad en el empleo a lo largo de los años se ha considerado como un lujo al cual no todos los trabajadores tienen acceso. En especial los trabajadores de confianza al servicio de las instituciones públicas, a pesar de realizar de forma similar actividades como cualquier otro trabajador cuentan con un futuro desconocido e inestable, siendo sujetos a un régimen que no tiene sentido y que va en contra de lo establecido dentro de nuestra Constitución, impidiendo que puedan protegerse ante una inestabilidad laboral en contra de un ente que actúa como patrón y autoridad al mismo tiempo, quien los puede remover en cualquier momento, generando una carencia en la estabilidad laboral. Por tal motivo es necesario buscar métodos alternos de protección para que se pueda garantizar y materializar este derecho a los trabajadores de confianza en las dependencias públicas centralizadas del poder ejecutivo en el Estado de Michoacán, como lo es el juicio de amparo considerado como la vía por excelencia para proteger tal derecho, como un mecanismo de control Constitucional.