Análisis de la implementación del control previo de constitucionalidad como mecanismo idóneo para la vigilancia de la regularidad constitucional de normas generales

Abstract

The jurisdictional protection of the constitution demands an important role in our legal system, it allows to maintain the highest values of our Constitution, such as democracy, equality, equity, justice, as well as its organic structure and above all the protection of the human rights contained in it; Constitutional control of the laws has allowed the norms that are issued by the legislative body to be subject to a direct contrast with the constitutional principles to prevent lower laws from altering it, once they have been published and entered into force; the proposal for prior constitutionality control lies in a final phase of the legislative process, in which the unconstitutionality of a law opinion that has been approved by the corresponding legislative body can be raised, so that the rules that other entities of the state are challenged timely detect, and may be declared unconstitutional prior to publication and entry into force by the Supreme Court of Justice of the Nation.

La protección jurisdiccional de la Constitución reclama un importante papel en nuestro sistema jurídico, permite mantener los más altos valores de nuestra Constitución, como la democracia, igualdad, equidad, justicia, así como su estructura orgánica y sobre todo la protección de los derechos humanos contenidos en ella; el control constitucional de las leyes ha permitido que las normas que se expiden por el órgano legislativo sean sujetas a un contraste directo con los principios constitucionales para evitar que leyes inferiores la alteren, una vez que han sido publicadas y entrado en vigor; la propuesta del control previo de constitucionalidad radica en una fase final del proceso legislativo, en la que se pueda plantear la inconstitucionalidad de un dictamen de ley que haya sido aprobado por el órgano legislativo correspondiente, para que se impugnen las normas que otros entes del Estado detecten oportunamente, y puedan declararse inconstitucionales previo a su publicación y entrada en vigor por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.